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Suvipuerto plantea la modificación de la ordenanza fiscal para bonificar IBI de las viviendas públicas

Las viviendas públicas que gestiona Suvipuerto podrían estar bonificadas hasta en 95% del importe del recibo del IBI. El teniente de alcalde delegado de Vivienda y vicepresidente de Suvipuerto, Antonio Jesús Ruiz, ha aclarado que la empresa municipal está trabajando en  esta medida y ha solicitado ya, por comunicación escrita, un pronunciamiento del Área Económica del Ayuntamiento de El Puerto para la modificación de la ordenanza fiscal que regula dicho impuesto. Ruiz ha señalado que “en conversaciones con este área lo plantemos y en primer momento se respondió que no, pero hemos comprobado que el municipio de Punta Umbría está realizando estas bonificaciones, por lo que hemos vuelto a solicitar  esta medida”, añadiendo el concejal que “si bien los inquilinos están obligados a efectuar este pago, queremos amortiguarlo con una bonificación, en este caso abonando solo un 5% ”.

 Antonio Jesús Ruiz ha comparecido ante los medios de comunicación manifestando que debía aclarar determinadas cuestiones relacionadas con el parque municipal, ya que en los últimos meses-explica-“me resulta difícil poder intervenir en el Pleno, entre insultos, gritos y amenazas, en un caldo de cultivo alentado por algunos grupos de la oposición”.

 En su intervención, Ruiz mostró el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que en su día solicitó la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía a través de EPSA, para que este órgano se pronunciara sobre si los vecinos del parque público tienen que afrontar el pago de este impuesto. En sus conclusiones, “se le dice a EPSA que puede y debe repercutir el IBI, y por las mismas razones SUVIPUERTO tiene que hacerlo”.

 El edil ha negado tajantemente que Suvipuerto hubiera realizado un incremento del alquiler hace dos años, respondiendo con ello a algunos comentarios que apuntaban a una supuesta subida en las rentas en ese periodo. Con todo, el edil ha aclarado que en 2007, año en el asumió la delegación de Vivienda, “lo que me encontré fueron a más de 200 vecinos que tenían una carta de desahucio porque sus ingresos superaban los límites para estar acogido a una vivienda pública, lo que hicimos fue modificar la ordenanza vigente y unificar los criterios para acabar con las diferencias entre las promociones” y añadió que “regularizamos la situación porque a algunos no les llegaban ni los recibos y en otros casos, las rentas se actualizaron a lo que tenían que pagar según sus ingresos”.